Los decesos atribuibles al COVID-19, confirmados o con sospecha, ascienden a 349 frente a los 640 fallecimientos globales, lo que supone casi un 55 por ciento en el caso de la provincia abulense, 12 puntos más que la media regional
Dentro de los datos de fallecimientos que se han ido aportando en las últimas semanas para conocer la incidencia del COVID-19 en la mortalidad se esperaban los del Registro Civil como los que podrían ser más significativos. Es más, desde la propia Consejería de Sanidad se había indicado que el Registro Civil era el que disponía de los mejores datos sobre personas fallecidas por coronavirus, puesto que se identifica no solo el lugar de la muerte, sino las causas ya sean inmediatas o desencadenantes.
Se trata de datos que se refieren a la inscripción de las defunciones y a la expedición de las correspondientes licencias de enterramiento y que lo que vienen a decir, al menos respecto a Ávila, es que el número de fallecimientos certificados se ha multiplicado por dos en los meses de marzo y abril respecto a los dos años anteriores y que más de la mitad de ellos pueden estar relacionados a la aparición del COVID-19 en nuestras vidas.
En los meses de marzo y abril se han incluido en el Registro Civil en Ávila 640 fallecimientos (286 en marzo y 354 en abril). Esto supone un aumento considerable respecto a lo que había sucedido en años anteriores puesto que en 2018 fueron 308 los fallecimientos y en 2019, 303. Es decir, la cifra es más del doble este año.
Respecto a la influencia del COVID-19 en estas cifras, la información aporta el dato de defunciones que se producen con esta patología confirmada, que fueron 168 en estos dos meses (51 y 117 respectivamente), pero también los casos con la sospecha de esta enfermedad, en referencia a aquellas defunciones en cuyas certificaciones médicas existen procesos patológicos que pueden haber sido causados por la pandemia. Aquí se incluyen 181 casos más (69 y 112).
La suma de los casos confirmados y con sospecha suponen 349 defunciones en Ávila, lo que quiere decir que se puede relacionar con esta patología el 54,53 por ciento de las muertes certificadas en esta provincia, siempre dentro de este periodo de marzo y abril.
En Castilla y León, en estos dos meses se contabilizan 8.633 defunciones, de las cuales 2.067 fueron por COVID-19, 1.605 se produjeron por causas compatibles con la pandemia, y 4.961 por otros motivos.
Las muertes por COVID-19 y por causas compatibles con la pandemia en marzo y abril suman un total de 3.672, lo que supone un 42,5 por ciento de todas las licencias de enterramiento solicitadas en los Juzgados de Registro Civil. Un dato que, por lo tanto, sitúa a Castilla y León en un porcentaje inferior del de Ávila en más de doce puntos en cuanto a fallecimientos relacionados con el coronavirus se refiere.
Lo que sí se puede observar en Ávila es un aumento de la mortalidad del mes de abril respecto al de marzo, con 68 decesos más de un mes a otro ese año, mientras que en los años anteriores prácticamente no había diferencia. También aumenta la mortalidad covid que pasa de 51 a 117, es decir, más del doble de un mes a otro, y lo mismo sucede prácticamente con los casos de sospecha al incrementarse de 69 a 112.
Hasta ahora el dato que más fiabilidad aportaba en cuanto a la mortalidad de COVID-19 era el aportado por la Junta de Castilla y León en su portal de transparencia donde se daba la cifra de fallecimientos con esta patología y con sospecha a partir de la baja de tarjetas sanitarias. Sin embargo, la información del Registro Civil viene a elevar este número puesto que la mortalidad en ese caso era de 246 personas en marzo y abril y ahora sube hasta 349, lo que supone más de un centenar más de personas. De todas formas hay que tener en cuenta la gran cantidad de casos que se atribuyen a sospecha por lo que, en ambas estadísticas, no todos los datos están confirmados con la patología.
El presidente del TSJCyL acordó el pasado 13 de abril solicitar a los Juzgados de Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril del presente año, así como los de 2018 y 2019. Esta actuación se inscribió en el marco de las iniciativas derivadas del Protocolo del CGPJ para la prestación del servicio judicial durante la pandemia del COVID-19 y tras fijarse los servicios esenciales que vienen prestando juzgados y tribunales.
Entre dichos servicios, se incluyeron los referentes a las actuaciones en materia de Registro Civil y, singularmente por su trascendencia, los relativos a la inscripción de las defunciones y a la expedición de las correspondientes licencias de enterramiento.
La información solicitada, junto a la recibida a finales de marzo sobre el volumen y la carga de trabajo, está ayudando a concretar el régimen y los efectivos de personal necesarios para atender los diferentes servicios esenciales de los juzgados, explican en una nota de prensa.
Vía: Diario de Ávila
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